El derecho humano al agua potable y al saneamiento

Se trata de un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Hoy en día, millones de personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento en las Américas, lo que hace que sea un tema prioritario en la sociedad para revertir dicha situación.

La resolución 64/292 titulada “El derecho humano al agua y el saneamiento” del 28 de julio de 2010, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Es importante que cada Estado siga trabajando para asegurar a los individuos sujetos a su jurisdicción, de acuerdo con su legislación nacional, el acceso no discriminatorio al agua potable y al saneamiento como componentes integrales de la realización de todos los derechos humanos.

El agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo socio-económico y la sostenibilidad ambiental y el acceso no discriminatorio de la población al agua potable y los servicios de saneamiento, en el marco de las leyes y políticas nacionales, contribuye al objetivo de combatir la pobreza.

Según la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el documento “Agua potable, saneamiento y salud”, con fecha del 24 de mayo de 2011, de la Asamblea Mundial de la Salud insta a los Estados Miembros a promover estrategias nacionales para la gestión segura de agua potable para consumo humano.

A continuación, la resolución firmada el pasado 05 de junio de 2012: 

  • Invitar a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus realidades nacionales, sigan trabajando para asegurar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para las generaciones presentes y futuras.
  • Reafirmar el derecho soberano de todo Estado a establecer normas y reglamentos sobre el uso del agua y los servicios de agua en su territorio.
  • Invitar a los Estados Miembros a compartir sus prácticas de políticas públicas en la gestión de los recursos hídricos, así como sus planes y acciones para mejorar sus servicios de agua potable y saneamiento, y alentar la transferencia de tecnologías sobre la base de términos mutuamente acordados en esta área.
  • Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que informe sobre el seguimiento de la presente resolución a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones.

Fuente: ONU

Acerca de Eliseo Talancha Crespo

Abogado. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural. Profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Alas Peruanas.
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