Curso de Gestión de Conflictos Socioambientales y Patrimonio Cultural

El IPDAPC y el IPPAIS lanzan un curso especializado en Gestión de Conflictos Socioambientales y Patrimonio Cultural. El mismo va dirigido a todos los estudiantes, profesionales, trabajadores y amantes del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural:

El curso se dictará de forma presencial y también  virtual, tendrá una duración de 8 clases, de 6 a 9 PM, comenzando el 29 de Agosto y finalizando el 25 de Septiembre.

La dirección del curso estará a cargo de Alberto Martorell Carreño, Doctor en Derecho de la Cultura y Eliseo Talancha Crespo, Magister en Derecho Ambiental y Urbanístico.

Para inscribirse o solicitar información se puede llamar al 0051-1-2223367/ 0051-1-992596601 o escribir al correo ippais@ippais.org.

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Derecho Internacional del Patrimonio Cultural y la Convención de la UNESCO de 1972

Con motivo de la conmemoración del 40 Aniversario de la Convención de la UNESCO de 1972, el Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural con el apoyo del Colegio de Abogados de Lima y la Universidad Alas Peruanas, organizó el 20 de Julio una jornada académica denominada “Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”. La misma tuvo lugar en el auditorio central de la casa de estudios.

Aquí pueden ver la ponencia de Eliseo Talancha Crespo, Presidente del IPDAPC, sobre Derecho Internacional del Patrimonio Cultural y la Convención de la UNESCO de 1972.




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El proyecto del nuevo Código Penal en Brasil y la tutela del Patrimonio Cultural: entre las fallas y omisiones

Al argumento de ser necesaria la actualización del Código Penal vigente es imprescindible una relectura del sistema penal a la luz de la Constitución, teniendo en vista las nuevas  perspectivas y normativas. Después de 88” fue presentado al Senado Federal el anteproyecto del nuevo Código Penal Brasilero, que se transformó en el PLS Nº 236/2012, cuya tramitación se inició el pasado 9 de julio.

Si bien la propuesta se ampara en la necesidad de sostener los avances y perfeccionamientos normativos, en lo que se refiere a la tutela de los bienes incluidos en el patrimonio cultural brasilero, el texto peca por diversas fallas, omisiones e incluso retrocesos.

Con respecto a los crímenes contra el patrimonio (Título II), por ejemplo, el anteproyecto perdió una oportunidad histórica para dar calificación de los crímenes de hurto, robo y apropiación indebida cuando el objeto material de los crímenes fuese un bien integrante del patrimonio cultural brasilero, medida reclamada hace tiempos por los especialistas del área y ya existente en el ordenamiento jurídico de diversos países. Tal integración sería de muy importante protección, ya que los bienes culturales tienen un valor especial,  y están más allá de la pura materialidad del soporte físico, siendo reconocidos por la doctrina como bienes de interés público, independientemente de su dominio.

Desde el punto de vista de la necesidad objetiva, es bien sabido que el tráfico ilícito de bienes culturales es una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. Además, la pérdida de nuestras referencias culturales implica daños irreparables a la memoria del pueblo brasilero. Bien sabe el pueblo de Minas Gerais, que, infelizmente, ya perdió el 60% de sus bienes culturales sagrados, según estadísticas del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.

Dentro de esta misma lógica, nos parece que sería altamente recomendable que el anteproyecto eleve a condición de crimen, con pena aumentada a contravención, y hoy prevista en el artículo 48 del Decreto Ley 3.688/41, el ejercicio ilegal del comercio de antigüedades y obras de arte, pues es preciso atacar el problema desde su nacimiento.

En lo que se refiere a los crímenes contra el patrimonio, el anteproyecto prevé la figura del “Daño calificado”, cuando el crimen fuese cometido contra algo registrado por la autoridad competente o tenga un valor artístico, cultural, arqueológico o histórico (art. 163, § 1º., IV).

Se trata de un lamentable retroceso, ya que solamente si el bien cultural fuese registrado estará configurado el delito, cuando se sabe que, después de la Constitución Federal de 1988 (art. 216, § 1º.), el registro pasó a ser apenas uno de los instrumentos de protección, conviviendo con otras posibilidades protectivas, tales como el inventario, registros, desapropiación, leyes, decisión judicial, etc.

Lo que es peor: se olvidaron los juristas responsables del anteproyecto que el art. 421 de la propuesta tipifica exactamente los daños contra el patrimonio cultural, pero con una redacción mucho más adecuada y que no adolece de los errores existentes en el art. 163, § 1º, IV, cuya eliminación nos parece esencial.

En el Título XIV (Crímenes contra intereses difusos), Capítulo I (Crímenes contra el medio ambiente), Sección IV, están previstos los crímenes contra el ordenamiento urbano y el patrimonio cultural, comprendiendo los arts. 421 a 424 que guardan similitud con los arts. 62 a 65 de la Ley 9.605/98, incriminando: la destrucción, inutilización o deterioro de bienes culturales; la alteración del aspecto o estructura del edificio o local especialmente protegido; la construcción en terreno no edificable o en su entorno y el grafiti de edificaciones o monumentos urbanos.

En lo que se refiere al delito de grafiti, previsto en el art. 424, el tipo penal propuesto adolece del mismo error que hoy existe en el art. 65 de la Ley 9.605/98 y ampliamente atacado por la doctrina: establece en el primer párrafo una de las causas de la pena mayor (seis meses a un año) cuando el acto fuese practicado en un monumento o cosa registrada.

Sin embargo, tal causa de pena mayor, es absolutamente innecesaria, constituye un verdadero premio al grafitero de bienes culturales, pues su conducta en si ya encuentra adecuación típificada en el art. 421 del anteproyecto (actual 62 de la ley 9.605/98), cuya pena es de uno a tres años.

Evidentemente, es necesaria la  supresión del primer párrafo  del art. 424 del anteproyecto.

Son nuestras primeras reflexiones sobre la propuesta del nuevo Código Penal Brasilero y de sus repercusiones en la tutela del patrimonio Cultural Brasilero.

Según consta en la fundamentación del texto presentado al Senado Brasilero: “El derecho no es hijo del cielo. Es un producto cultural e histórico de la evolución humana”, (Tobias Barreto).

Esperamos que los debates al respecto del texto puedan redundar en la corrección de las fallas y los retrocesos señalados, haciendo la propuesta más justa y acorde con las actuales necesidades experimentadas por la nación brasilera, bajo pena de perder una oportunidad histórica de alcanzar verdaderos avances.

Por: Marcos Paulo de Souza Miranda – Coordinador de la Fiscalía de Estado para la Defensa del Patrimonio Cultural de Minas Gerais, Brasil.

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Huánuco se moviliza por Kotosh

El viernes 13 de Julio no fue un día más en Hánuco, miles de personas marcharon con banderas y pancartas bajo una misma consigna, la defensa del centro arqueológico de Kotosh ante la decisión del alcalde, Jesus “Koko” Giles, de reubicar un prostíbulo en sus adyacencias y poner en peligro el patrimonio cultural más importante que tiene la ciudad.

Al grito de “Kotosh sí, chongo no”, “cultura sí, basura no”, la movilización fue recorriendo de forma cívica las principales calles del nucleo urbano.
Acompañaron la marcha: la sociedad civil de Huánuco y diferentes autoridades locales y regionales, entre ellos; el Frente Único Regional, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, organizaciones vecinales,  ONGs, intelectuales regionales, siempre liderados por el Director Regional de Cultura, Carlos Ortega y Obregón.

De continuar la negativa del alcalde a la clausura del local de citas, dirigentes del Frente Único Regional anunciaron que convocarán a un paro preventivo de 24 horas en defensa del patrimonio cultural de Kotosh.

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Chile tiene Tribunales Ambientales

Tras casi dos años de tramitación, el 28 de junio de 2012 se publicó la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales en Chile. El origen de esta iniciativa se remonta al llamado “Protocolo de Acuerdo”, adoptado por el gobierno y la oposición durante la tramitación de la Ley N°20.417 que creó la nueva institucionalidad ambiental. El compromiso de establecer un órgano jurisdiccional especializado llegó para hacerse cargo de la preocupación en torno a las amplias facultades de la nueva Superintendencia del Medio Ambiente.

En cuanto a la orgánica, la ley establece tres tribunales: denominados Primero, Segundo y Tercero y ubicados respectivamente en Antofagasta, Santiago y Valdivia, con jurisdicción sobre diversas regiones del país. Cada tribunal está integrado por tres ministros, los que son nombrados a través de un complejo procedimiento, que incorpora la participación del Consejo de la Alta Dirección Pública, la Corte Suprema, el Senado y finalmente el Presidente de la República. Uno de los aspectos más destacables es el carácter mixto del tribunal. En concreto, uno de los ministros debe ser un licenciado en ciencias con especialización en materias ambientales. Los otros dos, como suele ser la regla, deben ser abogados, pero con especialización en derecho administrativo o derecho ambiental. Será interesante observar el efecto práctico de esta característica y en particular el alcance de la deferencia técnica hacia la Administración vis a vis el rol más activo de los tribunales y el consecuente riesgo de la “política jurisdiccional”.

Desde el punto de vista de las competencias, se ha procurado que los Tribunales Ambientales conozcan de todas las controversias ambientales, privando así a los juzgados de letras en lo civil de tal función. Esto incluye impugnaciones contra actos administrativos emanados del Ministerio del Medio Ambiente (normas de calidad, normas de emisión, declaraciones de zonas latentes o saturadas y planes de prevención o contaminación); del Servicio de Evaluación Ambiental (resoluciones que se pronuncian sobre recursos de reclamación contra resoluciones de calificación ambiental) y de la Superintencia del Medio Ambiente (todas sus resoluciones, entre ellas, las sancionatorias). Asimismo, los tribunales serán competentes para conocer las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado (no así para las demandas de indemnización de perjuicios derivados del daño ambiental, las que siguen radicadas en los tribunales civiles). Finalmente, los Tribunales Ambientales son los llamados a conocer las reclamaciones en contra de resoluciones que resuelvan un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. Este concepto, “acto administrativo de carácter ambiental”, fue muy debatido durante la tramitación de la ley y quedó en definitiva definido como “toda decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la Administración del Estado mencionados en el inciso segundo del artículo 1° del la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de éstos”. Este concepto, amplio sin duda, generará dudas interpretativas a la hora de aplicar la norma, máxime cuando no existe un listado taxativo de instrumentos de gestión ambiental.

El procedimiento para las reclamaciones se rige por las reglas de la apelación civil. Interpuesta la reclamación, el tribunal pedirá informe al órgano público que emitió el acto impugnado y luego ordenará traer los asuntos en relación. Concluida la vista de la causa, el proceso quedará en estado de dictarse sentencia. Para el caso de la acción por daño ambiental, el procedimiento se inclina por una tramitación oral. Tras la demanda y contestación, el tribunal recibirá la causa a prueba y citará a una audiencia. En dicha audiencia, el tribunal podrá proponer bases para una conciliación. Al respecto, cabe advertir que la ley dispone que la acción de reparación ambiental no podrá ser objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado. Si la conciliación no se produce se recibirá la prueba de las partes, para concluir con alegaciones finales. Todos los medios de prueba son admisibles y el tribunal los apreciará conforme a la sana crítica.

Una institución interesante que introduce la ley es la del amicus curiae o amigo del tribunal. Ella permite que cualquier persona, natural o jurídica, que no sea parte en el proceso, que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia objeto del asunto sometido al conocimiento del tribunal y que invoque la protección de un interés público, podrá presentar por escrito una opinión con comentarios, observaciones o sugerencias, las que deberán ser consideradas en la sentencia definitiva. La aplicación de esta norma dependerá en gran parte en qué se entienda por interés público.
Las sentencias definitivas que dicte el tribunal sólo podrán ser objeto de recurso de casación en el fondo y en la forma para ante la Corte Suprema.

Ahora sólo queda esperar que el Segundo Tribunal Ambiental inicie sus funciones el 28 de diciembre de 2012, fecha en que la Superintendencia del Medio Ambiente podrá comenzar a ejercer sus facultades en plenitud. Los otros dos tribunales operarán a partir del 28 de junio del 2013; mientras ello no suceda, todas las causas quedarán radicadas en Santiago.

Por Lorna E. Püschel Honeisen. Abogada (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), LLM mención Derecho Ambiental (University College, London), actualmente se desempeña en la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile.

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El derecho humano al agua potable y al saneamiento

Se trata de un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Hoy en día, millones de personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento en las Américas, lo que hace que sea un tema prioritario en la sociedad para revertir dicha situación.

La resolución 64/292 titulada “El derecho humano al agua y el saneamiento” del 28 de julio de 2010, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Es importante que cada Estado siga trabajando para asegurar a los individuos sujetos a su jurisdicción, de acuerdo con su legislación nacional, el acceso no discriminatorio al agua potable y al saneamiento como componentes integrales de la realización de todos los derechos humanos.

El agua es fundamental para la vida y básica para el desarrollo socio-económico y la sostenibilidad ambiental y el acceso no discriminatorio de la población al agua potable y los servicios de saneamiento, en el marco de las leyes y políticas nacionales, contribuye al objetivo de combatir la pobreza.

Según la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el documento “Agua potable, saneamiento y salud”, con fecha del 24 de mayo de 2011, de la Asamblea Mundial de la Salud insta a los Estados Miembros a promover estrategias nacionales para la gestión segura de agua potable para consumo humano.

A continuación, la resolución firmada el pasado 05 de junio de 2012: 

  • Invitar a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus realidades nacionales, sigan trabajando para asegurar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para las generaciones presentes y futuras.
  • Reafirmar el derecho soberano de todo Estado a establecer normas y reglamentos sobre el uso del agua y los servicios de agua en su territorio.
  • Invitar a los Estados Miembros a compartir sus prácticas de políticas públicas en la gestión de los recursos hídricos, así como sus planes y acciones para mejorar sus servicios de agua potable y saneamiento, y alentar la transferencia de tecnologías sobre la base de términos mutuamente acordados en esta área.
  • Encomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que informe sobre el seguimiento de la presente resolución a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones.

Fuente: ONU

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Huánuco sale a las calles en defensa de Kotosh y en contra de Jesus “Koko” Giles

El viernes 13 de Julio, a las 9 de la mañana, esta convocada en la Plaza de Armas de Huánuco la población  para la  “Gran marcha por Huánuco” . Una movilización que surgió en defensa del centro arqueológico de Kotosh.

La marcha será secundada por autoridades y representantes de la sociedad civil de Huánuco, quienes se manifestarán en defensa del complejo arqueológico de Kotosh y en demanda del cierre del prostíbulo que funciona a escasos metros del mismo.

El director regional de Cultura de Huánuco, Carlos Ortega y Obregón, en declaraciones a la agencia de noticias Andina ya advertía que la presencia del burdel impediría que el Templo de las Manos Cruzadas sea declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO.

“Y cuando la UNESCO haga la inspección va a evaluar también el entorno. Entonces, hablamos de un problema que perjudicará un proyecto de mucha importancia para Perú”.

Además de la situación de Kotosh, la población de Huánuco también pretende expresar su disconformidad a la gestión del alcalde local, Jesus “Koko” Giles, por la cesión del Parque de Puelles, la contaminación Minera Raura y la corrupción en las entidades públicas.

La marcha, que alcanzó difusión nacional, espera una gran convocatoria de público y cobertura de medios de prensa.

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UAP auspicia el 40 Aniversario de la Convención de UNESCO de 1972

En adhesión y conmemoración a sus 40 años de creación, el Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural convoca el próximo 20 de Julio en el Auditorium Central de la Universidad Alas Peruanas a los profesionales, estudiantes, funcionarios, gestores y público general para participar en la jornada académica en torno a la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. La misma  tiene por objetivo realizar una reflexión y un balance sobre el impacto, los logros, las oportunidades y perspectivas de la aplicación de la Convención en la gestión y legislación cultural y ambiental peruana para determinar los retos y desafíos aun pendientes en la protección de los bienes del patrimonio natural y cultural en el marco del desarrollo sostenible.

Bajo los auspicios de la Universidad Alas Peruanas y el Colegio de Abogados de Lima, el evento académico  se propone constituirse en un espacio de análisis y sensibilización sobre  la trascendental importancia de este instrumento jurídico en la gobernanza peruana en materia de patrimonio natural y cultural, con el propósito de difundir los contenidos, la valoración, los problemas y las expectativas que se suscitan en  relación a  su aplicación e implementación  en la gestión y el sistema jurídico peruano.

Programa:

  • 6:00 -6:30 PM     Acreditación.
  • 6:30-6:40  PM   Palabras de bienvenida, Dr. Cesar Olano, Vicerrector Académico  de la UAP.
  • 6:40-7:20  PM    Derecho Internacional del Patrimonio Cultural y la Convención de la Unesco de 1972, Dr. Eliseo Talancha Crespo.
  • 7:20-7:30   PM     Presentación fílmica –Patrimonio Mundial en Perú.
  • 7:30-8:20  PM   Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en la legislación peruana, Dr. Alberto Martorrel.
  • 8:20-8:30  PM    Presentación fílmica – Patrimonio Mundial en Perú.
  • 8:30-9:00 PM   Patrimonio Mundial en Perú , actualidad y posibilidades, Dra. Mariana Mould de Pease.
  • 9:00-9:20  PM     Intervención del público asistente.
  • 9:20-9:30  PM     Clausura, Nilda Anglarrill, Representante de la UNESCO en Perú.

La Convención de la UNESCO de 1972 es, sin duda, el principal instrumento jurídico  internacional vinculante más ampliamente reconocido que combina  la protección y conservación del patrimonio cultural y natural y  que hasta la fecha  ha sido ratificado por 188 Estados Partes, generando  936 sitios que han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Desde el Perú, nos sumamos a las conmemoraciones  por el 40 aniversario de la Convención,  cuya fecha central  tendrá lugar el próximo 16 de Noviembre en Japón, en la que seguramente se examinarán  su evolución, su pasado, presente y futuro con una nueva  mirada a la luz de las nuevas tendencias y necesidades de la comunidad internacional  para garantizar la plena representación de la excepcional diversidad natural y cultural del mundo a favor de las presentes y futuras generaciones.

La jornada académica es gratuita, estará abierto al público en general y se desarrollará en el Auditorium Central de nuestra Casa Superior de Estudios. Los participantes deberán  previamente confirmar su asistencia efectuando su inscripción  en la sede del Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural , Jr. Cotabambas 475, Of. 210-C , llamando al Telf. 01-4273104 o escribiendo al correo  electrónico : elitalcres@hotmail.com/ contactos@talancha-abogados.com.pe.

Cualquier información adicional en www.talancha-abogados.com.pe

 

 

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Brittany Trilford, la adolescente que sacudió a los líderes de Rio+20

Su nombre es Brittany Trilford, tiene 17 años y aun no terminó el colegio.

Quizás con el tiempo sólo recordemos la cumbre de Rio+20 como el momento en que esta adolescente neozelandesa se paró delante de los 86 jefes de Estado y de Gobierno presentes en la apertura del evento y de forma clara y directa les preguntó:
“Les pido que consideren por qué están aquí: ¿es para salvar su imagen o es para salvarnos a nosotros, los niños del planeta?”.

Esta joven estudiante fue invitada a participar en la conferencia como una ciudadana común y fue seleccionada tras ganar un concurso de discursos en video organizado por la Campaña Global por la Acción Climática que reúne a más de 300 ONGs.

Su discurso, que apenas duró unos minutos no dejó a nadie desapercibido, y se despidió con un pedido tan real como urgente, que exige a nuestros representates empezar a actuar antes de que sea demasiado tarde:
“La próxima generación pide cambio, acción, para que podamos tener un futuro. Confiamos en ustedes”.

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Pequeños avances y poco compromiso

Desde el miércoles 20 al viernes 22, casi cien jefes de Estado o de Gobierno presentes en la cumbre de Rio+20, estarán evaluando el documento presentado por los delegados de los 193 países que participan en esta Conferencia promovida por las Naciones Unidas.

El documento, denominado “El futuro que queremos”, remarca, sobre todo, aspectos sociales como la erradicación de la pobreza, la mejoría de la calidad de vida y el desarrollo sostenible con inclusión social.

Y aunque se logró un consenso general, el texto no avanza en metas concretas en los principales puntos que debían decidirse en la cumbre:

Desarrollo sustentable: No se fijaron metas concretas para avanzar en el desarrollo sustentable ni en la economía verde.

Dinero: No se definió quién aportará el dinero para que los países en vías de desarrollo avancen hacia el desarrollo sustentable. Sólo aparecen algunas ideas que van desde aportes propios de los países y organismos internacionales hasta donaciones entre naciones y aportes privados.

Agencia: La idea de crear una agencia ambiental con los mismos poderes que la Organización Mundial de la Salud también fracasó.

Océanos: El texto sólo se refiere de forma genérica a proteger la biodiversidad marina. La idea inicial era crear reservas marinas en aguas internacionales para proteger la biodiversidad y los recursos genéticos de esas zonas.

Este documento fue criticado por diferentes ONG y organismos internacionales al considerarlo poco ambicioso.

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