La protección legal de los parques en Perú

Por Eliseo Talancha Crespo

El parque, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, es el espacio público destinado a la recreación pasiva o activa, con predominancia de áreas verdes naturales de dimensiones establecidas en los mínimos normativos que pueden tener instalaciones para el esparcimiento o para la práctica de un deporte. Los parques son, en consecuencia, zonas de recreación pública que se encuentran destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, que incluyen campos deportivos, juegos infantiles y similares que no pueden subdividirse, ni reducirse, ni utilizarse para otros fines, salvo los recreacionales.

El parque es un elemento clave en la estructura de las ciudades y la vida de sus habitantes. Es indiscutible la importancia ambiental, social, económica, política, estética, de los parques y áreas verdes para la sustentabilidad y habitabilidad en las ciudades. Los beneficios y servicios ambientales que brindan son difíciles de cuantificar, medir y valorizar económicamente, porque están relacionados con la calidad de vida, la salud pública, la recreación, los factores estéticos y el bienestar general de la población, especialmente de los segmentos más pobres es que los parques contribuyen a la existencia de un ambiente más placentero, saludable y confortable para vivir, trabajar, jugar, etc.

Uno de los principales problemas ambientales urbanos que tienen las ciudades es la creciente pérdida de las áreas verdes, entre ellos, el abandono, la reducción, extinción y mal manejo de los parques que obedecen al crecimiento poblacional, la urbanización, falta de ordenamiento territorial y modelos insostenibles de crecimiento económico sin protección ambiental. La carencia de una gestión hacia una ciudad ordenada, saludable y sustentable hace  que las áreas verdes y parques permanezcan abandonadas, sin cumplir sus fines y servicios ambientales para los que han sido creados.

La legislación peruana en materia de parques se encuentra en proceso de construcción. Las normas que regulan su naturaleza, fines, administración y conservación son incipientes y se encuentran alojados en diferentes cuerpos jurídicos. Es necesario estructurar una legislación especial que contribuya a definir los lineamientos, planes, programas y cursos de acción para desarrollar la gestión pública de los parques y demás áreas verdes desde el sector público y privado. Es necesario reformar y aclarar, por ejemplo, el carácter de intangibles e inembargables que caracterizan a todos los bienes de dominio, interés, y uso público. La importancia y valoración de los parques justifica contar con una legislación especial que aborde transversalmente su impacto económico, político, social, urbanístico y ambiental.

La protección legal de los parques desde la perspectiva constitucional parte del Inc. 22 del Art. 2 de la Constitución que reconoce a toda persona el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado de su vida. Ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el exp. 03448-2005-pa/tc, se ha pronunciado en el sentido que “…el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la persona supone también el derecho de los individuos que viven en zonas urbanas a que estas reúnan estándares mínimos que posibiliten su desarrollo; ello implica para el estado una labor de planificación, de tal forma que se asegure a sus pobladores, entre otras cosas, un mínimo de áreas verdes”. A propósito, según la OMS en una ciudad ordenada y planificada debe existir una disponibilidad mínima de 8 m2 de espacio verde por cada habitante. Actualmente, las ciudades de América Latina sólo ofrecen un promedio de 3 m2 por habitante.

La tutela jurídica constitucional de los parques, en relación a su naturaleza y vocación de permanencia en el tiempo, descansa en el Art. 73 de la Constitución que dispone que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los parques, al igual que las calles, plazas, carreteras, puertos, ríos, etc, se encuentran fuera del tráfico jurídico, no pueden ser vendidos, donados, en fin, no se puede practicar ningún acto de disposición, pues serian nulos de pleno derecho al contener un objeto jurídicamente imposible. Asimismo, los parques son imprescriptibles porque no es posible derivar de su posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno. Convendría precisar que la Constitución de 1993 ha omitido pronunciarse sobre la intangibilidad e inembargabilidad que también caracterizan a bienes públicos como los parques.

El régimen especial de administración y protección de los parques, jardines y áreas verdes ha sido desarrollado por el Art. 1 de la Ley 2664 que dispone una tutela especial cuando establece, sin admitir excepciones, que los parques metropolitanos y zonales, plazas plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Nótese que la norma legal declara extensivamente que los parques adicionalmente tienen el carácter de intangibles lo que supone que no se pueden tocar, ni alterar.

Desde el derecho municipal, el Art. 55 de la ley Orgánica de Municipalidades consagra que los bienes de dominio público de las municipalidades, como son los parques, son inalienables e intangibles. En cuanto a su administración, el Art. 73 de la misma ley, en materia de servicios públicos locales, establece que las municipalidades, provinciales o distritales, con carácter exclusivo o compartido, asumen competencias y funciones respecto al establecimiento, conservación, administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. Precisamente, en concordancia con sus atribuciones y competencias ambientales, las municipalidades tiene la obligación de exigir a los propietarios o titulares de predios o áreas rústicas sujetas a procesos de habilitación urbana la obligación de destinar un área específica de la urbanización para recreación pública, entendiéndose comprendidas en ella las zonas para la construcción de parques.

Según la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, los proyectos que se ejecuten en las zonas de Uso Recreacional así como los que se realicen aprovechando las ventajas paisajistas y naturales, deberán garantizar el uso público irrestricto. El proceso de habilitación urbana requiere efectuar aportes gratuitos para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para servicios públicos complementarios, que son áreas edificables que constituyen bienes de dominio público del estado. Los propietarios y/o promotores de las habilitaciones urbanas deberán efectuar, a titulo gratuito, aportes obligatorios para recreación pública. Servicios públicos complementarios y de educación, y otros fines, en lotes regulares edificables, los que se inscribirán en el Registro de Predios. El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida de la cesión para vías expresas, arteriales y colectoras, así como de las reservas para obras de carácter regional o provincial.

Desde una gestión ambiental local integrada, las municipalidades tienen la obligación estatal y el deber de cuidado y conservación de los parques y áreas verdes que se le impone para el ejercicio y disfrute del derecho humano al ambiente como entidad conformante del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, previsto en la Ley 28245 y su Reglamento. Sobre cuyo particular, en su sentencia recaída en el exp. Nº 0018-2001-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que una de las prestaciones estatales que se derivan del inciso 22) del artículo 2º, de la Constitución, es aquella en la que el legislador (nacional, regional o local), dentro de sus deberes de conservar y prevenir el ambiente equilibrado y adecuado debe conservar y mantener las áreas verdes y espacios públicos que no pueden ser objeto de extinción o reducción territorial. Esto es, las municipalidades no solamente tienen el deber de mantener y conservar los parques sino de incrementarlos para mantener el equilibrio entre los ecosistemas naturales y construidos.

 La realidad demuestra que las municipalidades no cumplen su rol protagónico para la construcción de ciudades sostenibles. Los servicios públicos en materia de parques y jardines son defectuosos, no obstante que cobran arbitrios por esos conceptos. Enfatizamos la necesidad de tutelar los parques para el ejercicio y disfrute del derecho humano al ambiente. La historia registra casos emblemáticos en la defensa legal y social de espacios públicos como los Parques Gorostiaga (Chile) Reforma Social (Mexico), Lezama (Argentina), La Carlota (Venezuela),  Jardines del Prado, ( España) y ahora Puelles en Huánuco, Perú. Es fundamental conocer el marco jurídico que regula los parques para el ejercicio de los derechos ambientales y las responsabilidades que nos asisten como habitantes de la urbe para mantener, conservar e incrementar los parques a favor de las presentes y futuras generaciones.

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s